La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León reveló hallazgos sobre el robo de Samuel García y su papá mediante triangulaciones financieras. El expediente vincula a Mariana Rodríguez Cantú, el DIF Capullos, compras de chayote a 300 pesos en el DIF de Nuevo León, recursos para medicinas cáncer en Nuevo León y denuncias previas presentadas por la ASF.
La ruta financiera detrás del robo de Samuel García y su papá
Durante su comparecencia ante los diputados locales, el auditor Alejandro Reynoso Gil expuso los hallazgos de la Cuenta Pública 2025. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), la Tesorería estatal dispersó recursos que terminaron en un despacho jurídico y fiscal perteneciente al mandatario y a su padre, Samuel García Mascorro. En total, los auditores rastrearon 786 transferencias bancarias que suman 1,696.6 millones de pesos hacia dicha firma privada.
Asimismo, el expediente técnico demuestra que empresas contratistas de la administración estatal depositaron más de 968 millones de pesos directamente en el bufete familiar. El resto del capital circuló a través de cuatro vías principales integradas por una constructora, una comercializadora, una empresa de servicios y un proveedor de equipamiento. Todas estas compañías replicaron el mismo mecanismo de dispersión financiera tras obtener adjudicaciones del gobierno estatal.
Por ejemplo, una empresa constructora recibió 5,851 millones de pesos de las arcas públicas y transfirió 5,154.6 millones de pesos a una firma subsidiaria. Posteriormente, esa filial depositó 385.3 millones de pesos en las cuentas del despacho jurídico. En otro movimiento rastreado por la autoridad fiscalizadora, un proveedor envió 261.4 millones de pesos al bufete, el cual transfirió 262 millones de pesos a una empresa inmobiliaria apenas un día después.

Sobreprecios en alimentos y desvíos de nómina en el DIF estatal
Por otra parte, la fiscalización de la ASENL evidenció graves irregularidades en el ejercicio del gasto dentro del DIF Nuevo León, institución vinculada políticamente a Mariana Rodríguez Cantú y responsable de centros como el DIF Capullos. Según los registros oficiales, la dependencia pagó 1,953 millones de pesos a una proveedora de alimentos. Esta compañía repartió el dinero entre cinco filiales del mismo grupo corporativo, las cuales enviaron 23.3 millones de pesos al despacho familiar en un periodo de ocho días.
Además, los auditores documentaron sobreprecios severos en la adquisición de insumos básicos para el organismo asistencial. La empresa contratista facturó el kilogramo de chayote en 300 pesos, una cifra muy superior a los 18 pesos que cuesta en el mercado al mayoreo. De igual forma, el gobierno naranja pagó el aguacate a 250 pesos el kilo, el tomate a 200 pesos y la cebolla a 180 pesos, lo que representa un quebranto directo al patrimonio público.
De manera simultánea, la unidad investigadora descubrió el uso de recursos públicos para cubrir salarios de negocios privados. La nómina del DIF desembolsó 3.15 millones de pesos para pagar a cuatro trabajadores de la marca de cosméticos de Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de Mariana Rodríguez, así como a empleados del propio despacho jurídico y fiscal.
Desvíos en medicinas y el robo de Samuel García y su papá
En el sector salud y educativo, el informe de la ASENL expuso operaciones similares que afectaron el suministro de tratamientos médicos. Tanto el Isssteleón como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) transfirieron 420.6 millones de pesos a una empresa contratista encargada de distribuir fármacos oncológicos. No obstante, los auditores señalaron que las instituciones carecen de pruebas sobre la entrega real de los medicamentos contra el cáncer en los plazos acordados.
Posteriormente, una empresa que comparte el mismo domicilio fiscal que la distribuidora médica realizó un depósito por 74.1 millones de pesos. De acuerdo con el rastreo bancario presentado por los auditores, ese dinero llegó al bufete fiscal y a empresas vinculadas con el medio hermano del gobernador, Samuel Orlando García Villarreal.

Expediente federal confirma el robo de Samuel García y su papá
Al cierre de la revisión de la Cuenta Pública 2025, la auditoría estatal contabilizó cerca de ocho mil observaciones sin solventar por un total de 61 mil millones de pesos. Estos datos respaldan las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 16 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR). En aquella ocasión, el auditor federal Aureliano Hernández denunció ante la Cámara de Diputados una triangulación por 7,200 millones de pesos desde el gobierno de Nuevo León.
Según las cifras expuestas por el órgano fiscalizador federal, por cada 100 pesos auditados, 17 pesos con 60 centavos ingresaban a empresas y despachos ligados a familiares de un alto funcionario estatal. Ante la gravedad de los hallazgos, legisladores y actores políticos de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar y Clara Luz Flores, presentaron denuncias penales adicionales ante la FGR contra el gobernador y su entorno familiar.
Finalmente, la Auditoría Superior del Estado turnó toda la documentación contable tanto a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como a la Fiscalía General de la República. Ahora corresponde a las autoridades ministeriales integrar las carpetas de investigación y proceder penalmente contra los responsables del desvío de recursos públicos.
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