El informe oficial revela que Samuel García desvía millones mediante un entramado financiero opaco, luego de que la revisión de la ASF ordenada por la presidenta confirmó la triangulación de dinero por miles de millones de pesos. Ante esto, diversos sectores cuestionan cuánto dinero desvía el gobierno estatal mediante el uso de empresas fachada, señalando la gravedad de que se desvíen estos recursos en Nuevo León mientras miles de contratistas comunes siguen esperando sus pagos.
Samuel García desvía millones y la ASF detecta pagos exprés
La entidad fiscalizadora descubrió operaciones bancarias realizadas con velocidad atípica por más de siete mil doscientos millones de pesos, canalizados por el gobierno estatal en plazos breves, sin revisiones técnicas ni justificación de la necesidad del gasto.
Los desembolsos involucraron a compañías de reciente creación y sin historial comercial comprobable, detectando los inspectores federales severas irregularidades en transferencias autorizadas al margen de los lineamientos legales. La documentación técnica exhibe pagos directos que carecen de soporte documental sobre obras concluidas, determinando la autoridad auditora que este esquema de transacciones millonarias desde la tesorería hacia intermediarios tenía como propósito evadir los controles hacendarios.
Sheinbaum activa a la ASF contra Samuel: la sombra de Palacio Nacional sobre el gobierno naranja
Lo que la administración naranja pretende vender como una simple revisión técnica o una persecución política rutinaria es, en el fondo, una pinza institucional que aprieta desde Palacio Nacional. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto la mira sobre las opacas triangulaciones financieras ligadas al gobernador Samuel García, pero la instrucción no nace de una súbita independencia fiscalizadora, sino de una línea directa marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El entramado detrás del auditor superior para el periodo 2026-2034, Aureliano Hernández Palacios Cardel, despeja cualquier duda sobre la autonomía del órgano. No se trata de un técnico imparcial, sino del hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, el hombre de máxima confianza y operador de cabecera de Sheinbaum desde hace décadas. El padre del auditor no sólo fue su director jurídico en Tlalpan y su relevo al frente de esa demarcación, sino también su secretario particular durante toda su gestión en la Ciudad de México. La lealtad familiar y política con la titular del Ejecutivo es absoluta.
Este patrón confirma el modus operandi presidencial: centralizar la fiscalización y dictar la agenda pública de auditorías, tal como ocurrió previamente con el INE. En Nuevo León, la retórica de modernidad y pulcritud del gobierno estatal choca de frente con los desvíos y transferencias millonarias que hoy quedan expuestos. Mientras la ciudadanía padece las deficiencias en transporte, agua e inseguridad, la cúpula naranja enfrenta un cerco federal milimétricamente operado por el hijo del colaborador histórico de la mandataria. No es una auditoría técnica más; es una factura política que exhibe la vulnerabilidad de una administración local asfixiada por sus propias trampas y bajo la mira directa de Palacio.
Samuel García desvía millones con cobros el mismo día
Las firmas allegadas al mandatario estatal recibían sus depósitos en cuestión de horas y cobraban facturas gigantescas durante la misma jornada de su emisión, un trato privilegiado que contrasta con la situación crítica de cientos de prestadores de servicios habituales y pequeños empresarios locales que enfrentan rezagos de pago superiores a seis meses debido a que la administración frena sus liquidaciones legítimas para canalizar liquidez inmediata hacia despachos específicos, confirmando esta selectividad un manejo discrecional del dinero público estatal donde los auditores comprobaron que las firmas favorecidas carecían de personal registrado mientras el gobierno concentraba el flujo financiero en un reducido círculo cercano.
Samuel García desvía millones en una sola constructora
Una firma edificadora concentró cinco mil ochocientos cincuenta y un millones de pesos estatales sin utilizar esos recursos para infraestructura urbana, comprobando los auditores que funcionó únicamente como un puente de dispersión al reenviar de inmediato más de cinco mil cien millones a otra persona moral que a su vez transfirió sumas millonarias a un bufete legal privado, lo cual evidencia un mecanismo de subcontratación diseñado para ocultar fondos mientras la investigación rastrea el beneficio final hacia cuentas familiares, dejando la obra pública con severos atrasos y desviando el dinero del erario hacia intereses ajenos a la población.
Rutas que dispersaron fondos públicos en horas
Los peritos contables documentaron cuatro trayectorias principales para movilizar los fondos estatales, utilizando una de las vías a comercializadoras para justificar compras por novecientos sesenta y cuatro millones de pesos sin que dependencia alguna acreditara la recepción física de los materiales, mientras otra de las rutas canalizó doscientos cuarenta y tres millones hacia firmas de asesoría que depositaron montos fraccionados a terceros para entorpecer el rastreo bancario en una rápida maniobra para vaciar las cuentas gubernamentales, sumándose una cuarta vía con transferencias adicionales por más de ciento cincuenta y cuatro millones ejecutadas en horarios inhábiles mediante operaciones electrónicas cuyos comprobantes atípicos ya fueron integrados por la auditoría federal.
Legisladores exigen aclarar presuntos desvíos en el estado
La bancada parlamentaria en el Congreso demandó una investigación a fondo sobre los contratos tras advertir que no permitirá el saqueo de los fondos públicos estatales, por lo que los legisladores preparan denuncias administrativas contra los secretarios responsables y exigen la comparecencia urgente de los funcionarios del área hacendaria con el objetivo de congelar las cuentas de las empresas privadas involucradas, promoviendo sanciones penales por el presunto desvío de partidas federales mientras la ciudadanía exige castigo inmediato si se comprueban irregularidades, el poder legislativo mantiene una estricta vigilancia sobre la resolución ministerial y se demanda que los recursos observados sean reintegrados al presupuesto del estado.
Preguntas Frecuentes
¿Qué reveló la ASF sobre los pagos del gobierno de Nuevo León?
La auditoría federal detectó triangulaciones por más de 7,200 millones de pesos a empresas que dispersaron el dinero en horas.
¿Qué destino final tenían parte de los fondos observados?
Los recursos pasaron por constructoras e intermediarias hasta llegar a un despacho jurídico presuntamente ligado a la familia del mandatario.
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