El problema del robo de combustible en Nuevo León ha vuelto a quedar expuesto tras dos operativos recientes realizados en los municipios de Escobedo y Santa Catarina. A pesar de los discursos oficiales, los hechos demuestran que el combate al huachicoleo está lejos de ser una prioridad efectiva para las autoridades estatales, que no han logrado prevenir ni contener este delito que genera pérdidas millonarias y representa un riesgo constante para la seguridad pública.
Mientras el gobierno estatal sigue enfocado en temas mediáticos y promesas incumplidas, las fuerzas federales han sido las encargadas de actuar para frenar el avance de esta red criminal que opera impunemente en la región.
Cateo de autoridades federales revela toma clandestina
En un predio ubicado sobre la carretera a Monclova, en el municipio de Escobedo, fue localizada una toma clandestina de hidrocarburo. Personal de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó un cateo en el kilómetro 2 de dicha vialidad, justo en el cruce con la carretera a Colombia.
El hallazgo dejó en evidencia la magnitud de las operaciones ilegales que se realizan a plena luz del día, sin que el gobierno estatal emita una postura o informe acciones concretas de vigilancia y prevención. En el sitio se aseguraron 18 cajas de tráiler, tres remolques, dos plataformas, cuatro tractocamiones, 393 partes de vehículos y carrocerías, además de una manguera de alta presión de 28 metros de largo.
La infraestructura localizada demuestra una operación bien organizada y con recursos logísticos, lo que pone en duda el alcance de la inteligencia estatal para detectar a tiempo este tipo de delitos.
Decomiso de combustible robado en Santa Catarina
En otro golpe contra el robo de combustible, la Guardia Nacional aseguró 112 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Santa Catarina. La acción tuvo lugar sobre la carretera Monterrey–Saltillo, y fue resultado de operativos de campo e investigación llevados a cabo por agentes federales.
En un primer operativo, se detuvo un tractocamión doblemente articulado que transportaba aproximadamente 67 mil litros de un líquido con las características de la gasolina. En una segunda acción, otro vehículo fue interceptado con alrededor de 45 mil litros de un combustible similar al diésel.
Ninguno de los conductores pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que tanto las unidades como el combustible quedaron bajo resguardo de la FGR, en su sede ubicada también en Escobedo. Este decomiso representa un duro golpe para las redes de tráfico de energéticos, pero también una llamada de atención al gobierno estatal.
Gobierno estatal ausente y en silencio
A pesar de la gravedad del robo de combustible, la administración estatal de Nuevo León ha mantenido un silencio cómplice. No se han anunciado operativos locales ni estrategias coordinadas con las fuerzas federales. La responsabilidad ha recaído por completo en la Guardia Nacional y la FGR, mientras el Estado parece más enfocado en temas de imagen que en asuntos de seguridad energética.
El crecimiento de estas redes criminales no solo representa un problema económico, sino un riesgo ambiental y social. Las tomas clandestinas pueden causar fugas, incendios y explosiones, y muchas veces se ubican en zonas pobladas. Aun así, el gobierno estatal no ha emprendido campañas de concientización ni fortalecimiento de la seguridad en ductos.
Las denuncias sobre este delito no son nuevas, pero su persistencia demuestra que poco se ha hecho por atacar las causas estructurales. Tampoco hay claridad sobre si se está investigando a los responsables o si existen redes de corrupción que permiten su funcionamiento.
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