El asesinato de Ángel Moreno no fue un hecho aislado. Junto con otro caso documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revela un patrón de actuación del DIF estatal que pone en duda su función básica: proteger a niñas, niños y adolescentes en Nuevo León. La muerte de un menor bajo custodia y el traslado irregular de otro fuera del estado sin orden legal muestran un sistema que falla y un gobierno estatal que intenta minimizar los hechos y evadir responsabilidades.
Dos Casos, Una Misma Institución Bajo Sospecha
La CNDH confirmó violaciones graves a los derechos humanos en dos casos ocurridos en el Albergue Fabriles. Ambos tienen un elemento en común: sucedieron mientras los menores estaban bajo resguardo del Estado.
En el primer caso, un adolescente murió dentro de las instalaciones del DIF Fabriles. En el segundo, otro menor fue trasladado a un centro de rehabilitación en Veracruz sin consentimiento familiar ni orden judicial.
Aunque se trata de hechos distintos, el organismo nacional los integró en un solo expediente. La razón fue clara: en ambos hubo omisiones, uso indebido de la autoridad y decisiones que vulneraron a los infantes.
Cómo Ocurrió El Asesinato De Ángel Moreno
Ángel Moreno tenía 14 años cuando murió el 9 de febrero de 2022 al interior del Albergue Fabriles. El adolescente estaba bajo custodia del DIF estatal, una institución que debía garantizar su integridad.
Durante nueve días, el gobierno estatal no informó públicamente sobre el fallecimiento. Cuando lo hizo, aseguró que la causa había sido una peritonitis derivada de problemas estomacales.
Sin embargo, testimonios recabados posteriormente indicaron que Ángel habría recibido golpes por parte de personal del albergue. Esa versión fue confirmada por la CNDH, que concluyó que el menor murió tras sufrir violencia institucional.
La investigación también acreditó que no se dio aviso al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control, pese a tratarse de una muerte bajo custodia del Estado.
El Manejo Oficial Y Las Omisiones Del Gobierno Estatal
Desde el inicio, el caso estuvo marcado por un manejo opaco de la información. La tardanza en informar, la versión médica difundida y la falta de protocolos encendieron las alertas.
La CNDH documentó que el gobierno estatal, a través del DIF, incumplió procedimientos legales mínimos. No solo falló en proteger al menor, sino también en garantizar una investigación transparente.
Estas omisiones ocurrieron durante la administración encabezada por Samuel García, con Mariana Rodríguez como figura visible del DIF estatal. El organismo nacional ubicó las violaciones dentro de ese contexto administrativo.
Miguel Ángel Sánchez Y Las Decisiones Bajo Su Gestión
Cuando ocurrieron los hechos, Miguel Ángel Sánchez era director general del DIF estatal. Bajo su gestión se definieron las primeras respuestas institucionales al caso.
De acuerdo con los señalamientos incluidos en la investigación, Sánchez ordenó borrar grabaciones de cámaras de seguridad del albergue. Dichos registros habrían captado las agresiones sufridas por Ángel Moreno.
La eliminación de esas grabaciones fue clave para agravar la desconfianza pública. La CNDH consideró que esa acción limitó el acceso a la verdad y profundizó el daño a las víctimas.
Sánchez dejó el cargo en junio de 2022, en medio de la polémica. Sin embargo, no fue sancionado de inmediato y posteriormente fue designado en otro puesto político. Actualmente es delegado nacional de Movimiento Ciudadano.
El Segundo Caso: Traslado Irregular De Un Menor
El otro caso ocurrió el 4 de noviembre de 2020. Un menor ingresó al Albergue Fabriles con la promesa de un proyecto educativo integral.
La familia fue informada de una estancia con clases y atención especializada. No obstante, el adolescente fue trasladado fuera del estado a un centro de rehabilitación en Veracruz.
El traslado se realizó sin consentimiento familiar y sin orden judicial. Para la CNDH, esta acción representó una violación grave a los derechos del menor y evidenció un uso arbitrario de la autoridad que acostumbra el DIF. ¿Cuántos casos como estos existirán dentro del DIF estatal?
¿Trata Infantil En El DIF Estatal?
La resolución de la CNDH no afirma la existencia de trata infantil. Sin embargo, la combinación de hechos ha generado cuestionamientos legítimos.
Un menor muerto tras presuntos golpes. Otro trasladado fuera del estado sin respaldo legal. Familias desinformadas, registros eliminados, todo ocurrió dentro de una institución encargada de proteger a niños.
Estos elementos abren la puerta a sospechas sobre prácticas más graves. Aunque no pueden asegurarse, sí obligan a una revisión profunda del funcionamiento del DIF estatal.
Negativa A Aceptar Recomendaciones Y Falta De Justicia
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación inicial que el DIF estatal se negó a aceptar. Esa negativa llevó el caso a la CNDH.
El organismo nacional confirmó las violaciones y emitió la Recomendación 148/2025. En ella otorgó un plazo de 15 días para aceptar las medidas, colaborar en investigaciones y facilitar la reparación del daño.
Hasta ahora, el caso sigue sin resolverse plenamente. No hay justicia para Ángel Moreno ni garantías de que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Un Sistema Estatal Que No Protegió A Los Menores
Los dos casos de Fabriles muestran un patrón preocupante. El DIF estatal falló en su misión básica y el gobierno estatal reaccionó tarde y mal.
El asesinato de Ángel Moreno se convirtió en un símbolo de esas fallas. La opacidad, el encubrimiento y la falta de sanciones siguen pesando sobre una administración que prometió cuidar a los más vulnerables.
Array
