Desde 2024, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha recibido 35 sanciones por parte de los tribunales electorales, convirtiéndose en el mandatario estatal con más sentencias en su contra por violaciones a la equidad en los comicios. A pesar de haber sido hallado responsable por conductas que favorecieron a Movimiento Ciudadano y sus candidatos, hasta el momento no ha recibido ninguna sanción efectiva. Mientras tanto, Samuel García sigue sumando denuncias, la más reciente por un presunto operativo electoral que busca influir en la elección judicial de este domingo.
Samuel presiona a empleados a votar por sus jueces
De acuerdo con diversas denuncias, el gobierno estatal habría implementado un operativo conocido como “acordeón”, mediante el cual se presiona a trabajadores del Estado para votar por candidatos afines a Movimiento Ciudadano y Morena en la elección de jueces, magistrados y ministros. Según testimonios recabados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), al menos 10 empleados han acusado haber recibido amenazas de despido si no participan activamente en este esquema.
La operación incluiría reuniones de “adiestramiento”, distribución de listas con nombres de candidatos preferidos —los llamados acordeones— y hasta la entrega de códigos QR personalizados para monitorear la participación de los empleados.
Sanciones acumuladas por el gobernador de NL
Hasta la fecha, los tribunales electorales han resuelto 28 expedientes que resultaron en 35 sentencias distintas contra Samuel García. Estas resoluciones han sido notificadas al Congreso local para que determine las sanciones correspondientes.
Entre las conductas señaladas se encuentran el uso de recursos públicos para favorecer campañas de Movimiento Ciudadano, declaraciones con fines electorales desde plataformas institucionales y promoción de candidaturas afines desde su posición como gobernador. Los fallos destacan que Samuel vulneró principios clave como la imparcialidad, la neutralidad y la equidad en la contienda.
Sanciones por apoyo a Máynez y a Mariana
Los actos por los que ha sido sancionado incluyen al menos 10 sentencias por favorecer al entonces candidato presidencial emecista Máynez, incluyendo su participación en eventos proselitistas y promoción en redes sociales. Otras siete resoluciones derivan de la difusión de encuestas en apoyo a su esposa, quien compitió por la alcaldía de Monterrey.
A esto se suman siete sentencias más por apoyo directo a otros candidatos de MC, cuatro por impulsar su propia precandidatura presidencial, y tres por apoyar a aspirantes al Senado como Colosio y Herrera. En algunos casos, también se le ha señalado por utilizar imágenes religiosas o por hacer propaganda desde el canal institucional “Nuevo León Informa”.
El 30 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una nueva resolución por publicaciones en favor de MC y Álvarez Máynez. Aunque la notificación formal aún no llega al Congreso, se prevé que se agregue a la lista de pendientes. A esto se suma otro fallo del 19 de mayo, en el que la Sala Regional confirmó que García violó principios de equidad al beneficiar a Rodríguez en su campaña.
En conjunto, estas acciones configuran una constante: el uso del aparato de gobierno para intervenir de forma indebida en procesos electorales
Intervención de la FGR en la investigación del caso
El llamado “Operativo Acordeón”, impulsado por el Gobierno de Samuel García para influir en la elección del Poder Judicial Federal, ha escalado al nivel federal. El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación sobre la posible coacción del voto en Nuevo León y la Ciudad de México.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE es la instancia que revisa actualmente dos denuncias ciudadanas sobre la presunta distribución de listas con nombres de candidatos afines a Movimiento Ciudadano y Morena, acompañadas de instrucciones para que los empleados estatales recluten votantes y documenten su participación electoral con fotos y códigos personalizados. Esta operación ya se encuentra bajo análisis no solo desde el ángulo penal, sino también en materia de fiscalización.
Además de remitir el caso a la FGR, el INE también dio vista a su Unidad Técnica de Fiscalización. La finalidad es determinar si los materiales distribuidos —conocidos como “acordeones”— constituyen propaganda electoral no reportada. De comprobarse, el costo de impresión y distribución de estos documentos podría ser sumado a los gastos de campaña de los candidatos que ahí se promueven, lo que abriría la puerta a diversas sanciones por irregularidades financieras.
Entre las posibles infracciones se encuentra la recepción de aportaciones de entes prohibidos, es decir, instituciones o personas que por ley no pueden financiar campañas. También se analizará si hay aportaciones de personas no identificadas o gastos en conjunto que violen la normativa sobre propaganda grupal. Estas conductas, si se confirman, afectarían directamente la contabilidad electoral de los partidos o candidatos implicados.
Autoridades buscan frenar posible delito electoral
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE se encuentra evaluando si procede emitir medidas cautelares que frenen la distribución de los acordeones antes de que se realice la jornada electoral. Aunque aún no hay una resolución definitiva, el INE reconoce la complejidad del caso debido a que se trata de una elección federal, lo que limita el margen de actuación de las autoridades locales.
A pesar de ello, las instancias federales ya están involucradas y se espera que la Fiscalía especializada en delitos electorales de la FGR determine si existen elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación formal. De ser así, el caso podría convertirse en uno de los más relevantes en materia de fiscalización y legalidad electoral en el actual proceso
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Para conocer más detalles sobre las denuncias, las resoluciones y el contexto político de las sanciones al Gobernador de Nuevo León lee el siguiente artículo: En conjunto, estas acciones configuran una constante: el uso del aparato de gobierno para intervenir de forma indebida en procesos electorales
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