El gobierno de Samuel García enfrenta nuevos señalamientos por presunta persecución política, luego de que el activista Nacho Alvarado denunciara amenazas de cárcel tras exhibir el uso de recursos públicos para propaganda ligada a Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Nuevo León.
Denuncia Formal De Nacho Alvarado Ante La Fiscalía
Nacho Alvarado informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal en la que documenta el uso de un mismo número telefónico para promocionar programas de salud, campañas públicas y, al mismo tiempo, la imagen personal de funcionarios y operadores políticos. De acuerdo con el activista, este esquema sugiere una estrategia coordinada de autopromoción financiada con recursos públicos.
El señalamiento apunta directamente a áreas de comunicación social del gobierno estatal, donde, según Alvarado, se habría normalizado el uso de campañas “sociales” como fachada para publicidad política.
Millonario Gasto De Movimiento Ciudadano En Propaganda Digital
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el presunto gasto de al menos 24 millones de pesos en propaganda digital disfrazada de campañas institucionales. El activista sostiene que estos recursos provinieron del erario y fueron canalizados a empresas que, en algunos casos, presentan características de empresas fantasma.
Este tipo de prácticas, advierten especialistas, distorsionan el uso del presupuesto público y generan una ventaja indebida para quienes controlan la comunicación gubernamental.
Acusaciones De Difamación Como Herramienta De Presión
Tras hacer públicas sus denuncias, Nacho Alvarado asegura que fue acusado falsamente de difamación y calumnias. Para colectivos ciudadanos, este tipo de acusaciones buscan desalentar la participación cívica y enviar un mensaje de advertencia a quienes cuestionan al poder.
Activistas advierten que el uso del delito de difamación como mecanismo de presión es incompatible con un entorno democrático y vulnera la libertad de expresión.
Protección De Derechos De La Infancia
El activista también destacó que, a raíz de sus denuncias, se logró impedir que funcionarios estatales grabaran y difundieran imágenes de menores en escuelas públicas con fines propagandísticos. Esta práctica había sido señalada por organizaciones civiles como una violación directa a los derechos de niñas y niños.
Exigen Alto A La Intimidación Política De Movimiento Ciudadano
Finalmente, Ignacio Alvarado hizo un llamado a la ciudadanía para exigir al Congreso local la eliminación del delito de difamación y frenar lo que considera una estrategia sistemática de intimidación desde el poder. Para diversos sectores sociales, el caso refleja una confrontación directa entre el aparato gubernamental y la denuncia ciudadana.
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