El Congreso de Nuevo León ha dado un paso más en el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García, tras ser señalado por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y violaciones a los principios de equidad electoral en los comicios de 2024.
La Comisión Anticorrupción del Congreso estatal declaró procedente la denuncia, lo que significa que el proceso avanza hacia las siguientes instancias. La solicitud fue presentada por José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI, y Policarpo Flores Peña, líder estatal del PAN, quienes argumentan que García vulneró la imparcialidad en el proceso electoral pasado.
Votación en el Congreso por juicio político
En la votación de la Comisión Anticorrupción, seis legisladores del PRI y PAN apoyaron el inicio del juicio político, mientras que tres diputados de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena votaron en contra.
La resolución obliga al gobernador a presentar un informe de su defensa el próximo 20 de febrero a las 16:00 horas. Además, la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán las encargadas de revisar y, en su caso, sancionar al Ejecutivo estatal.
Acusaciones y fundamento legal
El juicio político se basa en presuntas faltas graves cometidas por el gobernador, lo que podría derivar en sanciones conforme a las leyes vigentes. Entre las principales acusaciones, se le señala de uso indebido de recursos públicos y de haber atentado contra el ejercicio del sufragio en Nuevo León, afectando los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral de 2024.
Las resoluciones que sustentan la denuncia incluyen expedientes emitidos por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como SRE-PSC-526/2024, SRE-PSC-533/2024, SRE-PSL-33/2024, SRE-PSL-63/2024, SRE-PSC-477/2024 y SRE-PSC-557/2024.

Próximos pasos en el proceso
Con el avance del juicio político, la Oficialía Mayor del Congreso ha instruido a la Dirección Jurídica para que notifique formalmente a Samuel García sobre la denuncia en su contra. El gobernador deberá responder a la Comisión con pruebas o argumentos en su defensa antes de la fecha límite establecida.
Las próximas semanas serán clave para determinar el curso de este proceso, que podría derivar en sanciones o en una resolución que exculpe al gobernador. Mientras tanto, el Congreso local y el Tribunal Electoral continúan con el análisis del caso y la posible aplicación de sanciones.
Este juicio político ha generado un fuerte debate en Nuevo León, con posturas divididas entre quienes exigen una investigación rigurosa y aquellos que consideran que el proceso tiene un trasfondo político. Sin embargo, lo que es un hecho es que el caso sigue su curso y marcará un precedente en la política estatal.
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