El pasado miércoles, las autoridades de Nuevo León se movilizaron de manera urgente tras la denuncia de una joven que aseguró que su bebé había sido robada. La Fiscalía General de Justicia del estado activó de inmediato una Alerta Amber, lo que llevó a un amplio operativo de búsqueda en varios municipios.
Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando un médico legista determinó que la joven nunca estuvo embarazada y, por lo tanto, la menor nunca existió. Ahora, la Fiscalía analiza su estado mental para determinar si puede enfrentar cargos o si debe ser considerada inimputable.
Silvia, ahora es investigada por la Fiscalía
La joven, identificada como Silvia, de 19 años, denunció que su bebé había sido extraída de su vientre y robada, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades. Agentes estatales y municipales desplegaron operativos de búsqueda, instalando filtros de seguridad y movilizando a equipos de investigación en diferentes puntos del estado.
Horas después, Silvia fue trasladada al Hospital Universitario, donde se le realizaron exámenes médicos para verificar su testimonio. Los resultados confirmaron que no había dado a luz recientemente y que, en realidad, nunca estuvo embarazada.
Ante este hallazgo, la Fiscalía desactivó la Alerta Amber y detuvo la búsqueda, iniciando una investigación sobre el caso. Aunque Silvia no fue detenida en el momento debido a la falta de flagrancia de un delito, su situación legal sigue en análisis.
Evaluación psicológica y posibilidad de inimputabilidad
Las autoridades han indicado que la joven será sometida a una evaluación psicológica para determinar su estado de salud mental. Este procedimiento es clave, ya que, si se confirma que padece un trastorno psiquiátrico que afectó su percepción de la realidad, podría ser declarada inimputable.
Según el Código Penal de Nuevo León, una persona es inimputable cuando, al momento de cometer un acto ilícito, carece de la capacidad de comprender que su conducta es ilegal debido a un trastorno mental.
El artículo 24 de dicho código establece que las personas con enfermedades mentales graves o con condiciones que afecten su juicio no pueden ser procesadas como cualquier ciudadano. En su lugar, pueden ser sometidas a un “Procedimiento Especial para Inimputables”, que contempla internamiento en una institución especializada o tratamiento en libertad bajo supervisión médica.
Investigación en curso: ¿habrá cargos en su contra?
A pesar de que la movilización de las autoridades generó un gasto de recursos estatales y una fuerte alarma en la población, la Fiscalía aún no ha determinado si Silvia enfrentará cargos. De acuerdo con la ley, la falsedad de declaraciones y la movilización indebida de cuerpos de seguridad pueden considerarse delitos, pero la inimputabilidad podría eximirla de responsabilidad penal.
Por el momento, la joven sigue en libertad mientras se completan los estudios médicos. En los próximos días, la Fiscalía tomará una decisión basada en los resultados de la evaluación psiquiátrica, lo que definirá si Silvia enfrenta un proceso judicial o si recibe atención especializada.
El caso ha generado opiniones divididas entre quienes consideran que debe ser sancionada por generar una alerta falsa y quienes creen que debe recibir ayuda psicológica. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar su situación legal.
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