Un reportaje de El Norte reveló cómo opera el aparato de manipulación electoral organizado desde el gobierno de Samuel García, en colaboración con su partido Movimiento Ciudadano, para asegurar el triunfo de sus jueces en la elección judicial del 1 de junio.
Faltando 10 días para la votación, una periodista infiltrada logró asistir a una sesión de “adiestramiento” en la sede de Movimiento Ciudadano, conocida como la Casona Mier. Aunque se pidió a los asistentes entregar sus celulares, la periodista ingresó con un dispositivo oculto y documentó el evento que tuvo lugar en pleno horario laboral.
En varias ocasiones, se les advirtió que el avance en el reclutamiento va “súper mal” y que deben entregar copias legibles de las credenciales del INE de los votantes reclutados. Incluso se advirtió que si se entregan menos votos de los prometidos, “va a haber un problema”.
Este operativo se confirmó como una estrategia coordinada desde el partido y el gobierno estatal, en la que participan empleados de distintas Secretarías, exfuncionarios panistas e incluso asesores legales.
Indira Kempis Acusa Presión Y Coacción
Lo revelado confirma lo que la ex senadora Indira Kempis había denunciado días antes: que el gobierno de Samuel García lleva semanas presionando a empleados públicos y trabajadores de instituciones educativas para garantizar el triunfo de sus magistrados afines.
En un video difundido en redes, Kempis acusó a García de estar detrás de un operativo de manipulación electoral disfrazado de “simulacros” y “capacitaciones”. La exsenadora no se guardó palabras: llamó a Samuel “ladrón narciso” y aseguró que detrás del operativo están figuras clave como Miguel Flores Serna y Baltazar Martínez Ríos. También señaló que estas prácticas no son nuevas, pero sí cada vez más descaradas.
¿Cómo funciona el operativo?
El sistema tiene múltiples capas. En primer lugar, los empleados del gobierno estatal son citados para “capacitaciones” durante horas laborales, muchas veces sin saber que se trata de un acto propagandista.
En estos encuentros se les instruye sobre las metas de votos que deben alcanzar. Se espera que cada empleado reclute a 10 personas o más. Para validar su participación, deben enviar fotografías de las credenciales de elector de todos los involucrados.
La información de las credenciales es usada para asignar “acordeones” específicos por distrito, con los nombres de los candidatos de MC a magistrados y jueces. Esos acordeones serán distribuidos días antes de la elección.
Durante la jornada del 1 de junio, cada votante deberá seguir la instrucción al pie de la letra: marcar a los candidatos indicados en las seis boletas, tomarles foto junto con un código QR personal, y enviar la evidencia.
La presión es constante. Mayela Chapa, quien lideró la capacitación revelada, afirmó que algunos empleados “van muy mal” en el cumplimiento de sus metas.
FEDE Ya Investiga, Pero Samuel Guarda Silencio
Ante este panorama, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha recibido más de 10 denuncias —la mayoría anónimas— relacionadas con el operativo de coacción electoral en Nuevo León. Estas denuncias coinciden en señalar presiones laborales, acarreo y uso ilegal de datos personales.
Hasta ahora, el gobernador Samuel García no ha dado ninguna declaración pública sobre las acusaciones. Sin embargo, desde diversos sectores políticos y sociales se pide que la Fiscalía actúe con firmeza y que se garantice la legalidad del proceso judicial.
El uso de recursos públicos, la coacción a empleados y la manipulación de una elección para el Poder Judicial son faltas graves. Si se confirma la participación directa del gobierno estatal y su partido en esta red, las sanciones podrían alcanzar a varios funcionarios, tanto por delitos electorales como por violaciones a los derechos laborales y a la privacidad de los ciudadanos.
Mientras tanto, la confianza en el proceso electoral se tambalea. La sociedad civil y diversos actores políticos ya exigen vigilancia externa y la presencia de observadores para evitar que el 1 de junio se repita una práctica que muchos ya consideran institucionalizada en Nuevo León.
Universidades también bajo presión
El operativo para manipular la elección judicial no se ha limitado a las oficinas del gobierno estatal. Diversos reportes señalan que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el CONALEP y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina también han sido incluidas en la red de presión organizada desde el Ejecutivo.
En estos planteles, líderes de grupo, coordinadores académicos y personal administrativo habrían solicitado de forma irregular las credenciales de elector a empleados y estudiantes. La recolección de INEs, en algunos casos, se acompañó de amenazas veladas sobre la permanencia laboral o el acceso a ciertos apoyos escolares.
Aunque no todos los planteles se han pronunciado oficialmente, trabajadores han comenzado a filtrar información sobre estas prácticas, preocupados por la falta de límites entre las funciones académicas y las presiones políticas.
Este uso de la infraestructura educativa como extensión del aparato electoral no solo vulnera la autonomía institucional, sino que también expone a docentes, administrativos y jóvenes estudiantes a un entorno de intimidación política disfrazada de “colaboración cívica”.
Array@indirakempis ‼️🚨Las denuncias están hechas en la Fiscalía de Delitos Electorales. Alcemos la voz por la libertad de nuestros empleados públicos, porque el gobernador no sólo es un corrupto, es un delincuente electoral. #DelincuenteElectoral #JusticiaParaNL #NoMásImpunidad #Elecciones2025 #VotoLibre #Democracia #ElecciónJudicial #JuecesIndependientes #NuevoLeón #SamuelGarcía ♬ sonido original – Indira Kempis
