Las acusaciones por presuntos fraudes de Samuel García enfrentan ahora una nueva polémica: la posibilidad de que todas las investigaciones sean cerradas sin consecuencias. Legisladores de distintas fuerzas políticas en Nuevo León advirtieron que la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal en varias carpetas ligadas al Gobernador podría consolidar un mensaje de impunidad y retroceso en el estado de derecho.
La preocupación no es menor. Entre las denuncias destacan presuntos casos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos, en los que se involucran propiedades millonarias y transacciones financieras sospechosas. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha optado por atraer y archivar algunas de estas investigaciones, lo que ha desatado duras críticas desde el Congreso local.
Alerta por carpetazos en fraudes de Samuel
Voces del Congreso local exigieron que se continúen las investigaciones en contra del gobernador de Nuevo León. A su juicio, cerrar estas carpetas sin una indagatoria a fondo representaría un paso atrás en el combate a la corrupción y en la impartición de justicia.
“Si la Fiscalía decide cerrar estas investigaciones por los evidentes delitos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos, se estaría enviando el mensaje de que la corrupción en Nuevo León queda impune”, expresaron.
Desde su postura como líder del Poder Legislativo, enfatizó que la ciudadanía exige justicia, y recordó que estos casos no solo generan indignación pública, sino que involucran fondos y propiedades de alto valor, como un terreno de 18 hectáreas en San Pedro y un rancho de 700 hectáreas en Linares.
Señalaron que, además de las consecuencias legales, el manejo de estos casos también pone a prueba la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la ley.
Las propiedades en el centro de los fraudes de Samuel
De acuerdo con las denuncias presentadas, los casos más graves involucran bienes raíces adquiridos en condiciones poco claras. Uno de ellos es el predio en la zona de Mesa de la Corona, en San Pedro, cuyo valor comercial supera los 700 millones de pesos. Este terreno fue entregado al Gobernador mediante una dación en pago, pero se cuestiona la transparencia del proceso.
Otro caso es el de un rancho de 700 hectáreas ubicado en Linares, justo en los límites con Tamaulipas. La adquisición de esta propiedad también ha levantado sospechas por el origen de los recursos utilizados, además de que no se han explicado de manera pública los motivos de esta compra ni el uso que se le pretende dar.
Ambas denuncias fueron presentadas por los diputados Carlos de la Fuente, del PAN, y Lorena de la Garza, del PRI. Sin embargo, según lo publicado por EL NORTE, la Fiscalía decidió declarar el inejercicio de la acción penal, es decir, no seguir adelante con los procesos.
El Congreso exige justicia por fraudes de Samuel
También expresaron que esperan una investigación seria por parte del Ministerio Público. Aunque no descartó por completo que aún puedan retomarse los casos, consideró “prematuro” cerrar las carpetas sin un procedimiento claro y transparente.
Por su parte, la diputada de Morena, Grecia Benavides, reiteró que su bancada apoya firmemente la rendición de cuentas y que no avalan que las carpetas de investigación contra el Gobernador sean cerradas sin más.
“Nosotros lo que queremos es que haya justicia”, dijo Benavides, recordando que la lucha contra la corrupción no debe tener colores ni excepciones. Desde Morena, afirmó, se mantendrán atentos al seguimiento de las denuncias, particularmente aquellas relacionadas con triangulaciones financieras al despacho jurídico de Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro.
Del otro lado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, defendió la decisión de la Fiscalía. Aseguró que no se trata de carpetazos, sino de la falta de elementos suficientes para continuar con las investigaciones. En su opinión, las acusaciones no tenían sustento legal para avanzar.
No obstante, la crítica ciudadana y de otros sectores políticos no se ha hecho esperar. El argumento de que “no hay elementos” ha sido interpretado como una manera de proteger al Gobernador, en lugar de agotar todas las vías legales disponibles para esclarecer los hechos.
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