La reciente filtración de una llamada telefónica ha desatado una crisis política al exhibir una presunta extorsión de Samuel García contra el sector privado. En el material se escucha al dirigente de Movimiento Ciudadano negociar el cese de clausuras a cambio de pagos millonarios. El caso de la empresa Matrimar pone en evidencia un sistemático abuso de poder estatal bajo la administración de Samuel y MC.
El Audio Que Vincula A Samuel Y MC Con Cobros Ilegales
El panorama político en Nuevo León se ha visto sacudido por la aparición de una grabación que detalla una supuesta extorsión de Samuel a través de intermediarios partidistas. En el audio, Baltazar Martínez Ríos, líder estatal del partido naranja, sostiene una conversación con un directivo de la empresa Matrimar identificado como Érick. Durante el diálogo, Martínez Ríos admite que las auditorías fiscales contra la pedrera fueron “construidas” para forzar una negociación económica tras la suspensión de la planta en Cerralvo.
A diferencia de otros casos de corrupción, aquí se detalla cómo el aparato burocrático se utiliza para arrinconar a quienes no cumplen con las cuotas solicitadas. El intermediario de Samuel y MC explica que el SATNL mantiene expedientes abiertos de manera estratégica para ejercer presión. Según la grabación, el objetivo es asfixiar a la compañía hasta que acepte realizar un pago fuerte que permita la continuidad de sus operaciones. Esta situación revela que el abuso de poder estatal no es un hecho aislado, sino una herramienta de recaudación paralela.
Martínez Ríos sugiere en la llamada que la empresa debe alinearse con el gobierno para evitar que las inspecciones continúen golpeando su productividad. Por lo tanto, la grabación funciona como una prueba directa de cómo se condiciona la legalidad administrativa al cumplimiento de acuerdos financieros opacos. El tono de la conversación deja claro que las instituciones del estado operan bajo una lógica de recompensa y castigo, donde el cumplimiento de la ley pasa a segundo término frente al beneficio económico del grupo en el poder.
Funcionarios De Samuel Y MC Implicados En El Acoso
La red descrita en la grabación no se limita a líderes partidistas, sino que alcanza a secretarios del gabinete de Samuel García. El audio menciona gestiones directas con Raúl Lozano, titular de Medio Ambiente, para pactar el levantamiento de las suspensiones que afectan a la empresa Matrimar. Este vínculo refuerza las quejas de diversos empresarios sobre el uso faccioso de las normativas ambientales como método de extorsión de Samuel contra sectores que se muestran críticos o resistentes a sus políticas recaudatorias.
Por otro lado, la mediación también involucra a Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, a quien se refiere como la pieza clave para validar cualquier pacto de impunidad. El esquema de abuso de poder estatal permitía incluso que los pagos se realizaran de forma semanal o mensual, funcionando casi como una renta por derecho de piso institucional. Estas evidencias sugieren que la estructura de Samuel y MC operaba con pleno conocimiento de los mecanismos de presión que se aplicaban sistemáticamente sobre las pedreras de la región.
En consecuencia, el acoso administrativo se ejecutaba de manera coordinada entre la Tesorería, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil. Cuando la empresa lograba obtener una protección legal mediante amparos federales, las dependencias respondían con nuevas clausuras ejecutadas durante la madrugada. Esta resistencia del gobierno a acatar órdenes judiciales subraya la gravedad de la extorsión de Samuel, donde la voluntad política se intenta imponer sobre la jerarquía del Estado de Derecho y las garantías individuales.
Resistencia De La Empresa Matrimar Ante El Abuso De Poder
A pesar de la intensidad del asedio oficial, la empresa Matrimar decidió no ceder ante las exigencias de pagos cercanos a los 50 millones de pesos. La compañía ha denunciado que este conflicto se originó tras su rechazo al Impuesto Verde, una medida recaudatoria impulsada por Samuel y MC que ha generado gran controversia en el sector industrial. El abuso de poder estatal se manifestó entonces como una represalia directa contra la firma por defender su patrimonio mediante la vía de la legalidad.
La batalla judicial ha sido larga y desgastante para la organización, pero los tribunales federales han otorgado recientemente amparos definitivos que confirman la ilegalidad de las actuaciones estatales. La justicia ha señalado con claridad que las clausuras carecen de sustento técnico y legal suficiente, lo que valida la postura de defensa de la empresa frente a la extorsión de Samuel. Este fallo representa un precedente fundamental para otras compañías que hoy enfrentan situaciones similares de hostigamiento administrativo.
Finalmente, el sector empresarial de Nuevo León ha manifestado su profunda preocupación por el clima de inseguridad jurídica que impera actualmente en la entidad. La percepción de un abuso de poder estatal generalizado pone en serio riesgo las inversiones presentes y futuras, así como la estabilidad laboral de miles de familias. La transparencia en el uso de las facultades de inspección es una demanda urgente para frenar las prácticas de Samuel y MC que, según las pruebas, priorizan el beneficio personal sobre la prosperidad común.
Consecuencias Legales De La Extorsión De Samuel A Pedreras
La resolución judicial más reciente no solo ordena el levantamiento de los sellos de clausura, sino que deja constancia del modus operandi agresivo de la administración. Al confirmarse que las acciones de Protección Civil y Medio Ambiente fueron improcedentes, queda abierta la puerta para fincar responsabilidades administrativas y penales contra los funcionarios involucrados. La empresa Matrimar ha señalado que no detendrá sus acciones legales hasta que se garantice el respeto a su derecho a operar sin ser víctima de coacción.
Este caso de extorsión de Samuel ha puesto en duda la integridad de las instituciones de fiscalización en el estado. El uso de auditorías como moneda de cambio para obtener recursos informales socava la confianza ciudadana en el gobierno. Mientras los tribunales continúan analizando las pruebas, la opinión pública demanda una investigación profunda sobre el destino de los supuestos “pagos fuertes” que otros empresarios sí habrían aceptado entregar a la maquinaria de Samuel y MC.
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