La recomendación de la CEDH por la muerte de Ángel Moreno sigue sin ser acatada por el DIF estatal, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno encabezado por Samuel García ante lo que fue calificado como un crimen de Estado.
Diputados Cuestionan Negativa Del Gobierno Estatal
En el Congreso local, diputados locales cuestionaron duramente a la directora del DIF estatal, Gloria Bazán, por negarse a aceptar la recomendación emitida en 2023 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tras la muerte del menor Ángel Moreno, ocurrida en febrero de 2022 en las instalaciones del organismo, ubicadas en la colonia Fabriles.
El caso de Ángel, quien contaba con apenas 14 años, generó indignación pública desde que se conoció que fue golpeado por personal del DIF y no recibió atención médica posterior, lo que derivó en su fallecimiento.
La CEDH concluyó que se trató de un crimen de Estado, y solicitó medidas como una disculpa pública, la instalación de dos memoriales, y una compensación económica para la familia del menor. Sin embargo, el gobierno estatal, a través del DIF, rechazó acatar la recomendación.
El Gobierno Estatal Alega Falta De Sentencia Judicial
Durante su comparecencia ante legisladores, la titular del DIF estatal afirmó que no está facultada para cumplir con la recomendación mientras no exista una sentencia judicial que determine culpables.
Bazán argumentó que la CEDH actuó más allá de sus atribuciones, al investigar, analizar y emitir conclusiones sobre los hechos sin que haya aún un fallo judicial.
“Cuando la autoridad judicial resuelva y nos diga qué fue lo que pasó o quiénes son los culpables, ya tendría sentido que yo siga estas recomendaciones”, justificó.
No obstante, especialistas en derechos humanos han recordado que las recomendaciones de la CEDH no están supeditadas a sentencias penales, ya que forman parte de un sistema autónomo de evaluación de violaciones a los derechos fundamentales.
La Recomendación De La CEDH Es Pública Y Vigente
El documento emitido por la CEDH en mayo de 2023 señala con claridad que el personal del DIF estatal incurrió en actos de violencia contra Ángel Moreno, y que el menor no recibió atención médica oportuna, lo cual fue determinante para su fallecimiento.
La recomendación —consultada por este medio— fue clasificada como un crimen de Estado, debido a que las agresiones provinieron de servidores públicos dentro de un centro institucional de protección.
Además de la reparación económica y los memoriales, la CEDH recomendó implementar mecanismos de prevención y vigilancia en los centros de atención del DIF, con el objetivo de evitar nuevos casos de maltrato o negligencia.
La negativa del organismo a cumplir con estas medidas ha sido vista por diversos actores como un acto de indolencia institucional y una falta de voluntad política para asumir la responsabilidad en un caso que ha conmovido a la opinión pública.
Samuel García Guarda Silencio Ante El Caso
Mientras la polémica crece en el Congreso y entre organizaciones civiles, el gobernador Samuel García ha evitado pronunciarse sobre el tema. Hasta ahora, no ha emitido ninguna declaración pública relacionada con la muerte de Ángel Moreno ni con la recomendación de la CEDH.
El silencio del titular del Ejecutivo ha sido criticado por colectivos de derechos humanos y ciudadanos en redes sociales, quienes exigen que se reconozca la gravedad del caso y se dé cumplimiento a lo solicitado por la Comisión.
La presión sobre el gobierno estatal aumenta a medida que se evidencian las contradicciones entre su discurso de compromiso social y su falta de acción en casos tan sensibles como este.
Una Herida Abierta Para La Sociedad Nuevoleonesa
A más de dos años del fallecimiento de Ángel Moreno, el dolor y la indignación persisten. Sectores del Congreso señalaron que muchas madres, familias y personas de buen corazón se siguen preguntando cómo fue posible que un niño perdiera la vida dentro de una institución que debía protegerlo.
El rechazo a la recomendación de la CEDH ha sido interpretado como una señal de falta de empatía y de desinterés gubernamental por garantizar justicia y reparación a la familia del menor.
Organizaciones civiles han pedido que el caso no quede impune y que el DIF estatal, así como el propio Samuel García, asuman su responsabilidad política y moral frente a la tragedia.
Mientras tanto, la recomendación sigue vigente y sin cumplirse. La memoria de Ángel continúa como una deuda pendiente del Estado con la infancia y con toda la sociedad de Nuevo León.
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