Una de las investigaciones más relevantes por corrupción de Samuel García fue archivada por la Fiscalía General del Estado sin revisar a fondo la evidencia financiera. Esta decisión ha generado severas críticas, no solo por lo sospechoso del cierre, sino por la magnitud de los recursos involucrados. La carpeta en cuestión revelaba una compleja red de transferencias millonarias vinculadas al Gobernador y a su familia a través de despachos jurídicos y empresas inmobiliarias.
El caso había sido abierto tras una publicación del medio El Norte, en marzo de 2024, que documentaba cómo la empresa Suministro MYR, proveedor del Gobierno estatal, transfirió más de 200 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), vinculado directamente al Mandatario y a su padre, Samuel García Mascorro. A pesar del volumen de dinero involucrado, la Fiscalía dictó el cierre del caso apenas dos meses después, en mayo, sin analizar al menos 91 estados de cuenta que forman parte de la evidencia.
Este carpetazo no solo representa una falta de transparencia, sino que confirma el patrón con el que opera la actual administración: protegerse a sí misma, sin rendir cuentas a la ciudadanía.
Cuentas millonarias sin explicación
La investigación por corrupción de Samuel García mostró movimientos financieros que deberían haber sido analizados a fondo. Una de las principales piezas de evidencia era una cuenta en Banregio a nombre de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, empresa creada en 2016 por el propio Gobernador, junto con sus despachos contables y fiscales.
Esta cuenta recibió depósitos millonarios desde Firma Jurídica y Fiscal Abogados, así como de otros dos despachos familiares: Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, y García Mascorro Abogados Firma Jurídica.
Los registros muestran que entre 2017 y septiembre de 2021, cuando Samuel García era legislador, Saga recibió 231.5 millones de pesos. Pero el dato más alarmante surge a partir de octubre de 2021, cuando inició su gobierno: en menos de tres años, las transferencias a Saga aumentaron a 837.4 millones, sumando un total de 1,068.9 millones de pesos.
En los documentos también se evidencian constantes retiros y transferencias a otras cuentas, lo que indica movimiento continuo de capital. Sin embargo, nada de esto fue revisado por la Fiscalía antes de cerrar el caso. Es decir, se ignoraron datos clave en una presunta operación de desvío de recursos públicos.
Bienes inmuebles bajo sospecha
La red de presunta corrupción de Samuel García también involucra bienes inmuebles de alto valor en zonas exclusivas de San Pedro Garza García. Una de las propiedades más destacadas está ubicada en el sector Mesa de la Corona, con un valor estimado de 700 millones de pesos. El Mandatario aseguró que el terreno fue entregado como pago por parte de Grupo Gentor a su despacho jurídico, supuestamente por servicios prestados durante dos décadas.
Sin embargo, esa versión nunca ha sido respaldada con documentación pública. Tampoco se ha verificado si ese “pago en especie” fue reportado fiscalmente como ingreso por parte del despacho ni si hubo contratos de por medio.
La empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles también es dueña de otras propiedades en el sector Olinalá, previamente pertenecientes a Grupo Gentor. Estos bienes, de alto valor comercial, aparecieron en el radar justo cuando las transferencias millonarias aumentaron tras la llegada de García a la Gubernatura.
Todo indica un patrón: mientras más poder concentra el Gobernador, más crece el capital de sus empresas familiares.
Fiscalía protege a la élite del poder
La decisión de cerrar la investigación por corrupción de Samuel García sin revisar la evidencia es una señal clara de que el sistema de justicia en Nuevo León está subordinado al poder político. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Javier Flores, dictó el archivo de cuatro carpetas contra el Mandatario sin justificaciones claras ni públicas.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la carpeta con los estados de cuenta bancarios nunca fue analizada en su totalidad. La investigación simplemente fue frenada, dejando sin resolver el destino de más de mil millones de pesos que pasaron por las cuentas del círculo familiar del Gobernador.
La ciudadanía ha exigido transparencia y rendición de cuentas, pero el actual gobierno estatal opta por el silencio y la omisión. La falta de seguimiento en este caso se suma a una larga lista de irregularidades y opacidad durante la administración de Samuel García.
Mientras tanto, los recursos públicos siguen en entredicho, y las instituciones responsables de fiscalizarlos parecen estar más comprometidas con proteger al poder que con hacer justicia.
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