La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha encendido el debate sobre el acceso equitativo al transporte de Nuevo León con una nueva iniciativa que busca restablecer el pago en efectivo en los camiones. Este planteamiento surge en respuesta a las crecientes quejas de la ciudadanía, especialmente de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes se han visto afectados por la imposición del pago electrónico como único método.
La presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez Arellano, lideró esta propuesta tras realizar un análisis con usuarios en una audiencia pública, donde se evidenció la necesidad urgente de garantizar el derecho de las personas a decidir cómo pagar su transporte. La iniciativa ya fue presentada ante el Congreso local con el objetivo de que se modifiquen las leyes actuales y se incluya la opción de pago en efectivo.
Adultos mayores enfrentan problemas con pago digital
Una de las principales preocupaciones expresadas por la CEDHNL es que el sistema digital actual excluye a varios grupos vulnerables. Según Méndez Arellano, muchos adultos mayores no cuentan con teléfonos inteligentes, y aquellos que sí los tienen enfrentan serias dificultades para usar aplicaciones como Urbani, la cual es requerida para realizar pagos electrónicos en el transporte público.
La presidenta subrayó que la falta de familiaridad con las nuevas tecnologías, sumada a la poca accesibilidad de la aplicación, deja a estas personas en situaciones de vulnerabilidad. “Hay personas que, a veces, tienen dificultades con las aplicaciones, con los métodos de pago, personas mayores con discapacidad”, puntualizó.
Además, se documentaron casos en los que pasajeros fueron bajados de los camiones por no contar con el medio electrónico, lo que se considera una violación directa al derecho a la movilidad y a un trato digno.
Impacto en adultos mayores y personas con discapacidad
El impacto del sistema electrónico en la población de la tercera edad y en personas con discapacidad ha sido especialmente grave. Muchas de estas personas dependen del transporte público para acudir a citas médicas, terapias o actividades básicas del día a día. La imposición de un solo método de pago les impone barreras adicionales que complican aún más su movilidad y su inclusión social.
Olga Susana Méndez señaló que el derecho a elegir la forma de pago es fundamental para garantizar la igualdad de condiciones. “Hay personas que las bajan de los camiones porque no tienen con qué pagar, si no es con el método electrónico”, reiteró.
La exclusión digital es un problema creciente en un estado donde aún existen importantes brechas tecnológicas. Según datos nacionales, millones de personas en México no poseen teléfono celular o acceso constante a internet, lo que convierte el uso exclusivo de aplicaciones en una medida discriminatoria.
Solicitan cambios legislativos en el transporte de Nuevo León
Ante esta situación, la CEDHNL llevó la propuesta directamente al Congreso local para impulsar reformas a la Ley de Movilidad y así garantizar que el pago en efectivo siga siendo una opción viable. La propuesta incluye no solo la modificación de artículos específicos, sino también la inclusión de medidas que obliguen a escuchar la voz de la ciudadanía en futuras decisiones relacionadas con el transporte.
Méndez Arellano destacó que se debe priorizar la accesibilidad y el respeto a los derechos humanos en cualquier reforma al transporte público. Insistió en que el acceso al transporte debe ser considerado como un derecho fundamental que no puede condicionarse a la posesión de tecnología o a la capacidad de usar aplicaciones móviles.
La presidenta también recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos había emitido previamente una recomendación para que las autoridades estatales escucharan a la población antes de aplicar incrementos o cambios significativos que afecten a los sectores más vulnerables.
Inclusión en el transporte de Nuevo León
La iniciativa presentada por la CEDHNL busca abrir un espacio de reflexión sobre las políticas de modernización en el transporte público. Aunque la digitalización puede traer beneficios en términos de eficiencia, no debe hacerse a costa de excluir a los grupos más vulnerables de la sociedad.
El reto para las autoridades estatales será encontrar un equilibrio entre la implementación de nuevas tecnologías y la protección de los derechos de todas las personas. Se requiere un enfoque que incluya a todos los sectores y que asegure que ninguna persona quede fuera del sistema de transporte por razones económicas o tecnológicas.
El debate sobre el regreso del pago en efectivo en los camiones no solo gira en torno a la tecnología, sino también sobre la justicia social y la accesibilidad. La discusión seguirá en el Congreso local, donde se espera que se tomen decisiones que reflejen el compromiso del estado con la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Array
