Investigaciones recientes han revelado inquietudes sobre la administración de contratos en Nuevo León, especialmente en lo que respecta a las obras del metro y la compra de terrenos por parte del Gobernador, Samuel García.
Estos contratos, que involucran grandes sumas de dinero y empresas influyentes, han suscitado cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en la administración pública.
Conexiones entre empresas y el Gobierno de Samuel García
La constructora que obtuvo el contrato del metro se asoció ese mismo día con otra empresa para formar una nueva entidad dedicada a la infraestructura. Esta asociación no solo facilitó la obtención de contratos, sino que también ha llevado a que se generen sospechas sobre la forma en que se asignan estos proyectos públicos.
Al mes siguiente, una empresa de equipo pesado comenzó a realizar pagos sustanciales a la firma legal del Gobernador, Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro. Estos pagos, que ascendieron a al menos 128.3 millones de pesos, han levantado alarmas sobre la posibilidad de que exista una conexión entre los intereses empresariales y las decisiones gubernamentales.
La firma legal y el terreno millonario
La firma legal del Gobernador, también ha estado involucrada en la adquisición de un terreno de gran valor. Ya que este terreno, de 17.6 hectáreas, fue adquirido en una de las áreas más exclusivas de San Pedro y está valorado en más de 700 millones de pesos.
La transacción se realizó bajo la justificación de que no fue una compra convencional, sino un pago por deudas acumuladas con el despacho jurídico que lidera el Gobernador y su padre.
La vinculación entre el contrato del metro y la adquisición del terreno invita a la reflexión sobre cómo se están utilizando los recursos públicos y si las decisiones se están tomando con la transparencia adecuada.
