- Gobernador respalda el nombramiento ilegal
- El Tribunal de Justicia Administrativa queda bajo la sombra
- El futuro de Nuevo León bajo la tensión con el gobernador
El nombramiento ilegal de Ethel Maldonado en el Tribunal de Justicia Administrativa volvió a colocar a SG en el centro de la polémica. Legisladores locales lo señalan de avalar un procedimiento irregular que compromete la relación con el Congreso y agudiza la tensión política en Nuevo León.
Gobernador respalda el nombramiento ilegal
La crisis comenzó tras la renuncia de Roberto Rodríguez en el TJA. Maldonado se autonombró presidenta de la Sala Superior, pese a estar impedida legalmente de repetir en el cargo. El problema se agravó cuando el Ejecutivo estatal avaló la decisión al publicarla en el Periódico Oficial.
Para legisladores, este aval confirma la intervención directa de SG en un órgano que debería ser autónomo. Lo calificaron como un “agandalle” que pone en riesgo la frágil relación entre Congreso y Ejecutivo.
El nombramiento ilegal fue interpretado como una muestra más del estilo de gobierno de SG, donde prevalecen las imposiciones y se deja de lado el respeto a la norma.
SG provoca nuevas tensiones ante nombramiento ilegal
La reacción en el Congreso fue inmediata. Diputados locales advirtieron que este episodio echa por la borda meses de diálogo político. Señalaron que con un solo movimiento, SG mostró que no está dispuesto a respetar acuerdos.
Uno de los coordinadores legislativos subrayó que la publicación extraordinaria no pudo hacerse sin autorización del propio Ejecutivo. Por lo tanto, es claro que SG tuvo un papel activo en este procedimiento.
Advirtieron que si continúan estas imposiciones, el Congreso cerrará filas para defender su autonomía. La confianza con el Ejecutivo, insistieron, quedó en entredicho tras el nombramiento avalado por el gobernador.
SG también eleva la confrontación con sus declaraciones
El nombramiento no es el único frente abierto. Legisladores también criticaron las recientes declaraciones del gobernador de NL, en las que acusó a ex ministros de la Suprema Corte de ser “delincuentes”. Esa postura, señalaron, atenta contra la convivencia política y aumenta la tensión institucional.
Cuestionaron que el mandatario culpe a los ministros de frenar sus aspiraciones presidenciales en 2023. Consideraron que el discurso refleja un ánimo de confrontación que pone en riesgo cualquier posibilidad de acuerdos.
De acuerdo con los diputados, la estrategia de SG se basa en desacreditar a quienes no comparten su agenda, incluso si se trata de instituciones de alto nivel.
El Tribunal de Justicia Administrativa queda bajo la sombra
Con el nombramiento de Maldonado, el TJA se convierte en otro escenario de disputa. Legisladores recalcaron que su designación es ilegal, pues ocupó ese cargo en el periodo anterior. Pese a ello, el Ejecutivo respaldó la permanencia al publicarla en el Periódico Oficial.
El episodio deja en evidencia la intención del gobernador de extender su influencia sobre órganos autónomos. Para el Congreso, se trata de un intento de control que rompe con el equilibrio institucional.
Además, recordaron que no es la primera vez que el gobernador busca marcar el rumbo en espacios que deberían ser independientes. Con cada episodio, se refuerza la percepción de abuso de poder.
Reacciones divididas frente al movimiento de SG
No todos los actores políticos coincidieron en el mismo diagnóstico. Desde la coordinación de Movimiento Ciudadano, se defendió la designación de Maldonado como un acto derivado de la autonomía del Tribunal.
Sin embargo, representantes de Morena calificaron el hecho como delicado y señalaron que tanto el “agandalle” como el “madruguete” generan un clima de desconfianza política.
El contraste muestra que mientras algunos grupos respaldan al gobernador, otros consideran que sus acciones ponen en riesgo la estabilidad institucional del estado.
El futuro de Nuevo León bajo la tensión con el gobernador
El nombramiento ilegal en el Tribunal de Justicia Administrativa es un capítulo más en la serie de choques entre el Congreso y el Ejecutivo. Legisladores advirtieron que, si estas imposiciones continúan, la posibilidad de consensos quedará cancelada.
Los proyectos de ley y acuerdos de interés ciudadano podrían quedar paralizados por la confrontación. Al mismo tiempo, la ciudadanía observa cómo sus autoridades dedican más energía a las disputas que a la solución de problemas urgentes.
En este escenario, el gobernador enfrenta el reto de demostrar si optará por construir acuerdos o seguirá imponiendo decisiones que debilitan la confianza en las instituciones. Por ahora, la crisis política sigue abierta y el desenlace es incierto.
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