El cobro por reparaciones que realiza Agua y Drenaje continúa causando inconformidad entre la población, debido a los altos montos que se suman al consumo habitual en los recibos. A partir de marzo de este año, el Consejo de Administración de Agua y Drenaje aprobó un tabulador detallado con tarifas que van desde mil pesos hasta casi 11 mil, dependiendo del tipo de intervención necesaria en las instalaciones.
Este esquema de cobro por reparaciones de Agua y Drenaje se basa en supuestos costos proporcionales a la mano de obra, materiales y uso de equipos necesarios para atender los reportes ciudadanos. Aunque el organismo ha buscado justificar estas tarifas, muchos ciudadanos consideran que estas medidas afectan seriamente su economía familiar y aumentan la desconfianza hacia el servicio público.
Montos elevados preocupan a usuarios
Dentro del tabulador actualizado, se establecen costos como mil 19 pesos por el destape manual de registros de drenaje fuera de los domicilios y hasta 2 mil 584 pesos si se usa equipo especializado con agua a presión. Otras tarifas incluyen mil 16 pesos por reemplazar una llave de banqueta, mil 419 pesos por reparar una toma de agua y mil 493 por sustituir un medidor dañado.
El monto más alto contemplado en el cobro por reparaciones corresponde a la modificación del ramal de drenaje, que asciende a 10 mil 943 pesos. Todos estos cargos son clasificados como “trabajos facturables” y se suman al consumo y las cuotas fijas que los usuarios ya pagan mensualmente.
Esta situación ha generado molestia y confusión, especialmente entre aquellos que denuncian fallas recurrentes fuera de sus propiedades y que, a pesar de ello, reciben cargos por trabajos que no siempre solicitaron directamente.
Reclamos por cargos inesperados
El malestar ciudadano respecto al cobro por reparaciones se intensificó a finales del año pasado, cuando varios usuarios comenzaron a notar cargos adicionales en sus facturas sin una explicación clara. En muchos casos, las personas señalaron que los trabajos cobrados correspondían a reparaciones en áreas públicas o a varias cuadras de distancia de sus domicilios.
La falta de claridad llevó a que el tema se discutiera en el Consejo de Administración, que decidió revisar y formalizar las condiciones de cobro. Sin embargo, el resultado final fue mantener el esquema de facturación con una presentación diferente y un nuevo formato informativo.
Mayor transparencia en las facturas
Como parte de los cambios relacionados con el cobro por reparaciones, el Consejo acordó que en un plazo máximo de 60 días naturales se elaboraría un documento explicativo sencillo para los usuarios. Este documento deberá describir de forma clara los conceptos cobrados, así como los criterios aplicados para determinar los montos.
Asimismo, se determinó que las facturas incluirán de ahora en adelante un código QR. Este código permitirá consultar en línea la información detallada sobre los costos y las justificaciones de cada trabajo facturado. La intención, según las autoridades, es ofrecer mayor transparencia y reducir el número de quejas por cargos inesperados o poco claros.
A pesar de estas medidas, organizaciones ciudadanas y usuarios consideran que la información sigue siendo insuficiente y que el cobro por reparaciones debería revisarse a fondo para evitar abusos.
Impacto en la confianza ciudadana
El mantenimiento de altos costos en el cobro por reparaciones de Agua y Drenaje no solo ha afectado la economía de las familias regiomontanas, sino que también ha golpeado la confianza en el organismo operador del agua. Para muchos, estos cobros representan un ejemplo de cómo las deficiencias en la prestación de servicios pueden trasladarse injustamente al usuario final.
En redes sociales y foros vecinales, son frecuentes los comentarios que exigen explicaciones detalladas y cuestionan el destino de los recursos recaudados. La sensación generalizada es que el ciudadano termina pagando por trabajos que deberían ser cubiertos con los ingresos ordinarios del organismo o con recursos públicos.
Mientras tanto, expertos en administración pública recomiendan mayor vigilancia sobre estos cobros y sugieren que se implementen auditorías externas que garanticen que cada peso cobrado corresponda realmente a un servicio solicitado y validado.
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