El tribunal electoral de Nuevo León enfrenta cuestionamientos por una operación de “autoventa” de camionetas oficiales del estado a precios muy por debajo del mercado. Abogados señalan que el caso podría implicar violaciones legales y hasta daño patrimonial, lo que pone al tribunal electoral en el centro de la polémica por el manejo de bienes públicos.
Tribunal Electoral Bajo Señalamientos Por Venta Irregular
El Pleno del tribunal electoral acordó vender tres camionetas que estaban bajo uso de magistrados. La operación levantó críticas porque las unidades se asignaron a ellos mismos con precios inferiores a su valor comercial.
De acuerdo con especialistas, esta acción violaría la Ley de Administración Financiera estatal. La normativa establece que la venta de bienes muebles debe hacerse conforme a precios de mercado. Además, requiere procesos de licitación con al menos tres postores, condición que no se cumplió.
La situación abre la puerta a sanciones administrativas y, en caso de acreditarse dolo, a sanciones penales. Entre las medidas posibles está reponer el recurso, cubrir una multa o enfrentar procesos legales impulsados por la Auditoría Superior del Estado o el órgano interno de control del propio tribunal electoral.
Operación Benefició Directamente A Magistrados
Entre los beneficiados por la “autoventa” está la presidenta del tribunal electoral, quien adquirió una Suburban con un descuento estimado en 60 por ciento respecto al valor de mercado.
La decisión fue respaldada por otras dos magistradas en funciones. Gracias a ese aval se concretó la enajenación de tres unidades modelo 2020: una Suburban, una X-Trail y una Sorento.
Este caso genera controversia porque refleja un uso discrecional de los recursos públicos. Mientras las leyes exigen procesos transparentes, el tribunal electoral aprobó la operación internamente sin abrir el procedimiento a más interesados ni garantizar precios reales.
A pesar de las críticas, la magistrada presidenta optó por no dar declaraciones. Desde el área de Comunicación se informó que no habría postura oficial.
Posibles Consecuencias Administrativas Y Penales
Expertos en derecho administrativo advierten que el tribunal electoral no solo podría enfrentar observaciones internas. Si se comprueba la irregularidad, el caso podría derivar en sanciones penales.
El artículo 113 de la Ley de Administración Financiera señala que la venta de bienes debe realizarse con base en avalúos técnicos. En tanto, el artículo 117 solo permite la enajenación directa cuando no haya tres postores, lo que no ocurrió en este caso.
Si se comprueba la violación normativa, la Auditoría Superior del Estado podría obligar a reponer los recursos. También es posible que se apliquen multas personales a los magistrados involucrados. En escenarios más graves, se abrirían procesos penales por daño patrimonial.
En ese sentido, la polémica no solo cuestiona la legalidad de la operación, sino la credibilidad del propio tribunal electoral, encargado de impartir justicia en materia político-electoral.
Tribunal Electoral En Medio De Una Crisis De Confianza
Este episodio coloca al tribunal electoral en una posición delicada. La institución, cuya función debería garantizar certeza y legalidad en los procesos políticos, ahora enfrenta críticas por presuntas irregularidades internas.
La falta de transparencia y la negativa de su presidenta a dar explicaciones alimentan las dudas sobre el manejo de los recursos públicos. Además, genera la percepción de que los magistrados utilizan el cargo para beneficiarse de privilegios ajenos a su función.
La polémica se suma a un contexto donde las instituciones electorales atraviesan una crisis de confianza. Casos como este abren la discusión sobre la necesidad de mayor vigilancia externa y mecanismos de control más estrictos para evitar abusos.
Array
